Históricamente en Chile, la inversión pública en vivienda e infraestructura ha beneficiado principalmente a la población urbana, sin atender las necesidades de las poblaciones rurales para mejorar sus condiciones de vida. Debido a factores como el aislamiento extremo y la falta de financiación, los contratistas privados también se han mostrado reacios a construir nuevas viviendas en las zonas rurales de Chile. Los chilenos que viven en zonas rurales suelen vivir en viviendas de mala calidad y hacinadas, carentes de servicios básicos como electricidad, calefacción eficiente y saneamiento adecuado. Esto contribuye al problema de la migración del campo a la ciudad, ya que las personas abandonan el campo en busca de una vivienda digna. Reducir la migración del campo a la ciudad es importante porque la productividad rural es fundamental para la economía chilena y la presión adicional sobre las zonas urbanas está agravando la grave crisis de vivienda del país.
En 2022, el gobierno chileno anunció un Plan de Vivienda de Emergencia, que se fijó como meta crear 260,000 viviendas para diciembre de 2025. El Programa de Habitabilidad Rural forma parte de este esfuerzo por renovar y construir mejores viviendas para ayudar a las personas a tener una vida plena en el campo. El programa proporciona financiación sustancial y apoyo técnico a personas de comunidades remotas para que puedan construir una nueva vivienda o mejorar la suya. La cantidad de financiación que recibe un hogar se determina en función de su situación económica, y se otorga mayor prioridad a los hogares de bajos ingresos, las personas mayores y las personas en zonas muy remotas. Se presta especial atención a los grupos vulnerables, como las personas indígenas y los hogares liderados por mujeres.
Desde 2016, el programa de Habitabilidad Rural ha construido o renovado más de 10,000 viviendas de alta calidad, mejorando la vida de unas 40,000 personas. El objetivo es alcanzar 11,298 viviendas para diciembre de 2025.
