Al igual que muchas grandes ciudades del mundo, Yakarta alberga numerosos asentamientos informales, donde miles de familias de bajos ingresos han establecido sus hogares y negocios. Los asentamientos, conocidos como "kampungs" en Indonesia, suelen ocupar terrenos privilegiados con potencial para el desarrollo comercial. Durante décadas, los políticos presentaron los kampungs como un serio obstáculo para la creación de una Yakarta moderna, bien planificada y limpia. Esta narrativa tuvo gran aceptación entre los votantes y provocó que los residentes de los kampungs vivieran con el temor de un desalojo forzoso.
En 2015, estos temores se hicieron realidad para más de 10,000 familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. La gestión de inundaciones, la construcción de carreteras, la planificación urbana y la ocupación ilegal de tierras fueron algunas de las razones que esgrimió el gobierno municipal para justificar los desalojos masivos, que contaron con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Con la ayuda de organizaciones de base, un grupo de residentes de kampungs contraatacó. Organizaron un proyecto llamado "Derecho a la Vivienda en Yakarta: Acción Colectiva e Incidencia Política", que exige cambios legales y políticos que les otorguen el derecho a permanecer en sus barrios y mejorar sus condiciones de vida.
Mediante una combinación de colaboración comunitaria, incidencia política y desarrollo de redes, el proyecto logró detener los desalojos de 256 personas en tres kampungs ribereños y ayudó a 400 familias, que ya habían sido desalojadas, a regresar a su barrio para vivir en nuevos apartamentos. Además, el proyecto desafió la percepción pública negativa de los asentamientos informales y logró cambios regulatorios en toda la ciudad que ahora protegen a todos los residentes de los kampungs de los desalojos forzosos.
