La economía de Camboya es una de las que más rápido está creciendo en el mundo, impulsada, en gran medida, por la industria de confección indumentaria y el turismo. La capital, Phnom Penh, también experimentó un incremento demográfico rápido durante los últimos 20 años (de 560.000 habitantes en 1998 a más de dos millones en 2019), debido, principalmente, a la migración masiva del campo a la ciudad. Sin embargo, el país sigue estando entre los menos desarrollados, un tercio de la población vive en situación de pobreza y otro 20 por ciento (más de una de cada cinco personas) se clasifica como “casi pobre”.

Esto se debe, en parte, al legado de los Jemeres Rojos, que, en 1975, empujaron a los residentes de Phnom Penh hacia zonas rurales y asesinaron a nada más y nada menos que dos millones de personas durante los años que siguieron. Cuando el régimen cayó en 1979, la gente empezó a volver a la capital. No obstante, al estar prohibida la propiedad privada de las viviendas, las primeras personas que ocupaban una casa se convertían en sus nuevos propietarios, lo cual generó el desarrollo de asentamientos informales en terrenos del gobierno que no estaban destinados a la vivienda. La cantidad de asentamientos informales siguió creciendo, ya que el cambio climático obliga a las familias rurales a mudarse a las ciudades en busca de trabajo.

El desarrollo de los asentamientos se controló de manera deficiente. Muchos son vulnerables a inundaciones o derrumbes de edificios, o se encuentran en zonas muy afectadas por sequías, incendios, tormentas o procesos erosivos. Su presencia, generalmente en terrenos que son propiedad del estado, se tolera, pero no se legaliza.

Como consecuencia, las mejoras o inversiones son problemáticas. Esta combinación de factores implica ingresos más bajos para los residentes, menos disponibilidad de alimentos y falta de agua segura para beber, más deudas, tráfico de menores y trabajo infantil, adicciones y violencia doméstica. Este último representa uno de los principales desafíos en Camboya, donde la violencia doméstica suele considerarse un asunto “privado”, y hay poca asistencia disponible.

El proyecto en la práctica

En el contexto de este tipo de desafíos, en 2018, Planète Enfants & Développment (PE&D) inició el proyecto Mejora del hábitat y las condiciones de vida en comunidades pobres de Phnom Penh, sobre la base de colaboraciones anteriores con su socio local, la Organización Samatapheap Khnom (SKO). El proyecto, que financiaron la Fundación Abbé Pierre y la Agencia Francesa de Desarrollo, tiene como objetivo brindar apoyo a residentes de asentamientos informales mediante la mejora de casas precarias —que suelen ser peligrosas—, el desarrollo de acciones comunitarias y la organización colectiva, y el ofrecimiento de apoyo familiar y capacitaciones, por ejemplo, sobre violencia doméstica o de género.

PE&D trabaja en estrecha relación con ONG locales y con el gobierno de la ciudad, y se reúne con autoridades locales al menos cada seis meses. Al crear vínculos con las autoridades locales y brindar asistencia a grupos de residentes, en general mediante trabajos de colaboración con organizaciones de la zona, el proyecto fortalece la capacidad de las comunidades para mejorar sus condiciones de vida, a la vez que presiona para la obtención de derechos sobre la tierra e insta al gobierno a que reconozca el derecho a la vivienda. En un contexto en el que las complicaciones relacionadas con el derecho sobre la tierra dificultan la mejora de las viviendas, el proyecto les proporciona a los residentes acceso a recursos financieros para que realicen refacciones. También se abordan problemas de violencia y desigualdad relacionados con el género, temas en los que PE&D se especializa.

Se realizó una prueba piloto del proyecto en cuatro de los vecindarios informales más grandes de Phnom Penh, y, tras una evaluación favorable, este se replicó en otros cuatro distritos. En un comienzo, Hábitat para la Humanidad Camboya estuvo a cargo de realizar evaluaciones de los hábitats y de supervisar los emplazamientos durante el proyecto piloto. También capacitaron al equipo de campo, que está conformado en su totalidad por personas del lugar, acerca del Enfoque Participativo para Generar Conciencia sobre Refugios Seguros (Participatory Approach for Safe Shelter Awareness, PASSA) —un método de participación para reducir el riesgo de catástrofes relacionadas con la seguridad de los refugios—, y brindaron asistencia para las primeras renovaciones. Desde entonces, PE&D tomó el control absoluto del proyecto y, en el verano de 2019, publicaron una guía metodológica, que todas las partes interesadas pueden usar o adaptar.

Cada uno de los ocho asentamientos informales incluye entre 200 y 300 hogares, en los que viven 1.000 a 2.000 personas. Se alienta a todos los residentes de los ocho vecindarios (cerca de 10.000 personas) a que participen en actividades como capacitaciones y reuniones grupales, y a que aprovechen las mejoras de la infraestructura de la comunidad. Los comités de residentes (conocidos como grupos PASSA) identifican casas que son insalubres o inseguras, y priorizan a estas familias para la asistencia y el apoyo. Cuando se detecta una de estas casas, se les ofrece un “kit” de renovación para hacer mejoras, y se realiza un estudio de viabilidad para determinar qué materiales se comprarán. En la mayoría de los casos, se usa madera para reforzar o reconstruir la estructura de las casas, mientras que para los techos y paredes suelen usarse láminas de metal. A veces también se requieren trabajos de albañilería y plomería. En aproximadamente un tercio de las casas, las propias familias realizan el trabajo. No obstante, si las renovaciones que se necesitan son más complejas, se contrata a un técnico —generalmente un carpintero local—, y los miembros de la familia lo ayudan, si es posible.

Los costos se comparten entre la familia y PE&D, con los préstamos que disponibiliza el socio financiero, la institución de microfinanzas Chamroeun Microfinance. Esto les permite a las familias acceder a microcréditos con tasas de interés reguladas y planes de pago flexibles. A las familias más vulnerables PE&D les proporciona un kit completamente financiado.

En cuanto a la asistencia social, la Organización Samatapheap Khnom (SKO) identifica a las familias más vulnerables, que reciben apoyo familiar de un trabajador social durante seis a nueve meses. Se abrieron centros de asistencia en dos de los vecindarios. PE&D inició grupos de empoderamiento financiero y grupos de ahorro colectivo en dos comunidades, y otras se encuentran en la etapa de capacitación. Estos grupos están destinados, principalmente, a mujeres que sufren violencia doméstica.

Las mujeres que sufren violencia doméstica, o que presentan un riesgo alto en este sentido, reciben apoyo psicosocial individual con una frecuencia semanal. Las mujeres y sus parejas también reciben capacitaciones sobre administración y finanzas, para las que se utiliza una adaptación del método GALS (Sistema de Aprendizaje Activo de Género), que alienta a los participantes a considerar las desigualdades de género, y a relacionarlas con la pobreza y la violencia doméstica. La educación financiera se usa como punto de partida para concientizar sobre temas relacionados con el género y para alentar a las personas, en especial a los hombres, a que mejoren los vínculos de género en sus propias familias y comunidades.

Impacto social y ambiental

A través del proyecto se hicieron obras estructurales en las casas de asentamientos informales para que sean más seguras, lo cual mitiga los riesgos de inundaciones y derrumbes. Hasta la fecha, se logró mejorar la estructura de 88 casas para que sean seguras, y 297 personas (entre ellas, 190 mujeres) recibieron capacitaciones sobre técnicas de construcción sostenible. El proyecto también propició un entorno doméstico más seguro para muchas personas, mediante un trabajo estrecho con las familias para mejorar sus oportunidades, reducir la violencia doméstica y aumentar la independencia financiera.

Se brindó asistencia social a 206 familias, incluida asistencia relacionada con la violencia doméstica, y se capacitó a 152 personas (124 mujeres) sobre el enfoque PASSA. También se realizaron capacitaciones sobre educación financiera y temas de género (para 140 personas, entre ellas 100 mujeres), asistencia familiar (58 personas, entre ellas 50 mujeres) y grupos crediticios y de ahorros (34 mujeres).

El esquema de ahorro colectivo para mujeres que sufren violencia doméstica no solo fortaleció los lazos entre las participantes, sino que les proporcionó los medios para poder tener más independencia financiera. Los comités de residentes también ayudaron a fortalecer la solidaridad entre los vecinos y a estimular la participación de la comunidad. Aproximadamente cuatro de cada cinco voluntarios comunitarios (80 por ciento) fueron mujeres. El objetivo inicial de capacitar a 40 técnicos de construcción ya se superó, lo que creó oportunidades económicas nuevas y mejores, y promovió la independencia financiera en los asentamientos.

El futuro

La meta para cuando se complete la primera etapa del proyecto (verano de 2021) es haber mejorado 150 casas y brindado asistencia familiar a 300 hogares.

Ya se planificó otra etapa de tres años. PE&D también está investigando la posibilidad de extender el proyecto a otras ciudades camboyanas. Siguen intentando abordar la problemática del acceso legal a la vivienda —uno de los principales obstáculos para realizar mejoras a mayor escala—, y luchando por el desarrollo de viviendas sociales, con un estudio que estará listo a fines de 2020.

El papel crucial del proyecto adquirió mayor relevancia durante la crisis que presentó la COVID-19, que confinó a muchas familias al hacinamiento en viviendas insalubres, lo que aumentó el riesgo de violencia doméstica y las privó de sus trabajos e ingresos. Este respondió movilizando fondos para capacitar a los residentes sobre la prevención y el tratamiento, distribuyendo kits de higiene y libros a los niños de dos comunidades afectadas, organizando donaciones para las familias que perdieron su fuente de ingresos y movilizando a voluntarios comunitarios para que asistieran a las familias en las que las mujeres y los niños fueran víctimas de violencia.