Basket Mi cesta

English | Français
Search

Public Works Studio, ganador de uno de los Premios Mundiales del Hábitat de Oro en 2021, publicó un informe en el que se detalla la crisis de vivienda que siguen sufriendo las comunidades de las áreas afectadas por la explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020.

En el informe, denominado Homelessness in the Wake of Disaster (Sinhogarismo después del desastre), se describen las repercusiones de la explosión, los procesos de renovación subsiguientes y las intervenciones para ofrecer ayuda, que no garantizaron la seguridad de las viviendas. A falta de políticas de reconstrucción justas, en Beirut surgió una nueva modalidad en la que las ONG sustituyeron al estado, y se implementó un nuevo modelo de acción que amenaza la seguridad en la situación de vivienda y dificulta de forma directa la rehabilitación y la compensación equitativas después del desastre. En respuesta a estos hallazgos reveladores, el informe exige medidas que aborden las violaciones de derechos humanos y presionen en favor de una reforma del régimen regulatorio estatal que ayude a garantizar la seguridad de las viviendas para los residentes tras la explosión.

Public Works Studio describe modificaciones clave para la Ley 194/2020 sobre la reconstrucción, con el fin de aliviar y abordar esta crisis. Algunos de los cambios propuestos son:

  • La enmienda del Artículo 5 de la Ley 194/2020 para extender el contrato de alquiler durante el período de reformas en lugar de permitir una renovación de solo un año, mediante la adopción de una política de “cero desalojos”, y la activación del rol de las autoridades públicas y locales para garantizar viviendas alternativas.
  • La integración de apartamentos abandonados y vacíos a programas de viviendas alternativas.
  • La conformación de un comité de coordinación para la reconstrucción que incluya a todos los representantes de las comunidades afectadas.
  • La aprobación de las listas de daños, el mecanismo de compensación y el cronograma para su distribución.
  • La eliminación del privilegio de Solidere y otras empresas inmobiliarias, que les permite invertir en propiedades de las zonas afectadas.

Estas recomendaciones forman parte de una demanda más amplia por una política integral de recuperación que garantice el pronto regreso de los residentes, se enfoque en la regeneración de las actividades socioeconómicas, e involucre a las víctimas y los residentes en su planificación, organización, coordinación e implementación.

Si bien todo lo que se menciona arriba trata las necesidades inmediatas, Public Works Studio está exigiendo que se implementen las modificaciones necesarias en el largo plazo para proteger a la población de la perpetuación de situaciones de marginación. Estas modificaciones incluyen:

  • La regulación del mercado de alquileres mediante el establecimiento de tarifas justas basadas en criterios claros y con el uso exclusivo de la moneda nacional para los pagos.
  • El establecimiento de condiciones de desalojo coherentes con la legislación internacional.
  • La imposición de tributos progresivos a los inversores de bienes raíces a medida que se lanzan programas que incrementen el parque de viviendas inclusivas disponibles y brinden apoyo a pequeños propietarios que dependen del alquiler como flujo de ingresos.
  • El incentivo a la conformación de cooperativas de vivienda mediante exenciones fiscales y posibles financiaciones.
  • La activación de mecanismos de control para asegurar una mayor responsabilidad en el uso de estándares de vivienda inclusiva.
  • El establecimiento de proyectos de vivienda que se adapten al entorno local, pero beneficien a los segmentos más pobres de la población.

Dos años después de la explosión, la ciudad sigue plagada de problemas que suelen perpetuarse debido a iniciativas de recuperación desiguales. De hecho, esta situación exacerbó las inseguridades existentes para la vivienda de los grupos vulnerables, como ancianos, refugiados, inmigrantes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+, y generó nuevas dificultades directamente relacionadas con las condiciones preexistentes. Más de dos de tres trabajadores inmigrantes (70 por ciento) fueron desalojados. Muchos propietarios usaron la excusa de la reforma para desalojar a los inquilinos de sus casas sin una garantía legal de que podrían regresar. Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+, que no cuentan con alternativas seguras, se encontraron viviendo en condiciones deficientes, y la mayoría de los informes de violación del derecho a la vivienda fueron presentados por mujeres que viven solas, madres solteras o mujeres que se dedican exclusivamente a cuidar a sus familias. Algunos propietarios intentaron confiscar las ayudas que recibieron los inquilinos o desalojaron a residentes sirios para acceder a sus cestas solidarias.

Estos problemas se combinan en un entorno en el que el estado no garantiza la protección equitativa del derecho a la vivienda durante una crisis económica, sanitaria y humanitaria. Después de la explosión, los atrasos en los alquileres representaron más de un tercio de los motivos (38%) para desalojar a los inquilinos, lo que refleja la poca protección que estos tienen después de una crisis. La explosión dejó un saldo de 200 muertos, 7.000 heridos y alrededor de 300.000 personas desplazadas. Provocó devastación y daños generalizados en los barrios aledaños al lugar del hecho, donde más de 1.120 edificios requieren tareas de renovación. Más de un año y medio después, los residentes de estas áreas siguen desplazados de sus casas. Se estima que solo un 30 por ciento de los residentes de los barrios afectados de Beirut pudieron regresar.

El informe se elaboró a partir de una recopilación de diversas fuentes, como visitas al terreno y denuncias recibidas mediante la herramienta de Public Works Studio impulsada por la comunidad: Housing Monitor. Las investigaciones como la que proporciona este informe son cruciales para proteger los derechos de las personas marginadas en el contexto de la reconstrucción posterior a la explosión en Beirut, y para luchar a fin de garantizar su cumplimiento.

El informe está disponible para leer en árabe o en inglés aquí. También puede ver diapositivas sobre el informe en Instagram, aquí.

Si se encuentra en el Líbano y necesita denunciar alguna infracción relacionada con la vivienda o amenaza de desalojo, puede comunicarse con Housing Monitor al 81-017-023 o escribiendo a info@housingmonitor.org.


Últimas noticias

Ver todos

¡Súmese al debate!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *