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A raíz de la creciente preocupación en el sector de vivienda, recientemente, el gobierno del Reino Unido extendió la prohibición de las acciones posesorias en Inglaterra y Gales hasta el 20 de septiembre. Patrick Duce comparte algunas experiencias de diversos países europeos y la intranquilidad generalizada ante el impacto que tendría el levantamiento de dicha prohibición.
En marzo, el gobierno del Reino Unido emitió la orden de interrumpir todas las acciones posesorias en los tribunales de Inglaterra y Gales, como respuesta a la crisis de la COVID-19. Desde entonces, si bien la organización benéfica de vivienda Shelter, del Reino Unido, informó que, en la actualidad, hay una cantidad estimada de 227.000 inquilinos particulares atrasados en los pagos, no ha habido audiencias posesorias en los tribunales.
Aunque la extensión fue bien recibida, el hecho de que solo estipule una suspensión de los pagos y su notoria brevedad generaron grandes inquietudes con respecto a lo que podría representar una catástrofe para el sinhogarismo, ya que dejaría a una cantidad enorme de personas sin un lugar donde vivir.
El Reino Unido no es un caso aislado con relación a la implementación de las llamadas “prohibiciones de desalojos”, el movimiento se ve replicado en toda Europa, en el rápido accionar de los gobiernos para proteger a los inquilinos de los continuos efectos económicos colaterales de la COVID-19. Los datos obtenidos durante el verano mediante la Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo en las Calles demostraron que, si bien las medidas que se implementaron ofrecieron algo de alivio a los organismos asociados al sinhogarismo para que pudieran enfocarse en brindar asistencia a las personas que ya se encontraban en la calle, el interrogante sobre qué ocurrirá luego en Europa ha llegado a niveles muy preocupantes.
A medida que nos acercamos al límite del breve plazo de extensión para las acciones posesorias en Inglaterra y Gales, John Hamblin, CEO de Shekinah Housing en Plymouth y Torbay, al sudoeste de Inglaterra, compartió estas inquietudes sobre las medidas implementadas en el país.
“Si bien valoramos las medidas provisorias para evitar los desalojos, seguimos enfrentando un panorama de posible tormenta perfecta. La prohibición fue favorable para muchas personas, pero también sabemos que hizo que algunos propietarios repensaran su situación, lo cual, a largo plazo, puede provocar una disminución en la disponibilidad de alojamientos para las personas a las que brindamos asistencia. Lo que me preocupa es que, dadas la situación económica actual y la constante incertidumbre, enfrentemos la posibilidad real de que en Inglaterra, el sinhogarismo vuelva a niveles que no experimentamos desde hace décadas. Sin una inversión urgente a largo plazo en viviendas sociales y el fin de la Sección 21 de desalojos sin culpa, es probable que cuando miremos atrás, nos demos cuenta de que dejamos pasar una oportunidad única para resolver la injusticia del sinhogarismo”.
En España, el gobierno declaró un “estado de alarma” e introdujo una suspensión para los desalojos y una extensión automática de seis meses para la fecha de vigencia de los contratos. En la práctica, estas medidas hicieron que los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos ni aumentar el alquiler hasta fines de 2020. Vanesa Cenjor Del Rey, Directora de Estrategia Internacional en la organización nacional contra el sinhogarismo HOGAR SÍ, dijo:
“España fue uno de los primeros países en prohibir los desalojos y, durante el estado de alarma, esta resultó ser una buena medida para proteger a las personas vulnerables. Sin embargo, cuando la medida finalice, y teniendo en cuenta que la cantidad de personas que se encuentran en riesgo aumentó debido a la crisis, será necesario implementar políticas integradas para apoyar a todas esas personas a fin de que conserven sus casas. La vivienda es un derecho que debe protegerse”.
Por otro lado, basada en sus experiencias, la organización contra el sinhogarismo Arrels Fundació, en Barcelona, observa que en Cataluña la situación es más complicada. El Director, Ferran Busquets, nos dijo: “Observamos que, incluso con el estado de alarma, muchas personas se quedaron sin alojamiento. Según datos del Concejo Municipal de Barcelona, aproximadamente un tercio de los lugares de emergencia para personas en situación de sinhogarismo [durante la pandemia] se usaron para personas que antes no vivían en la calle, pero se quedaron sin vivienda durante la crisis de la COVID-19”.
En Bruselas ocurre lo mismo: a pesar de las acciones rápidas para reubicar a las personas sin hogar que estaban en la calle en una variedad de alojamientos provisorios, según Adrienne Van Vyve, Coordinadora de un equipo de asistencia comunitaria en las calles de la ciudad, las medidas que se tomaron para proteger a los inquilinos tuvieron el siguiente impacto:
“La medida [de prohibición de desalojos] ofreció cierta estabilidad en un período de mucha incertidumbre y, sin dudas, hasta el 31 de agosto permitió evitar que un nuevo flujo de personas terminara en la calle. Sin embargo, nuestros equipos de campo no dejaron de encontrar nuevos grupos vulnerables sin un lugar donde ir”.
En definitiva, dice, si bien la “moratoria tuvo el efecto de evitar que las personas llegaran a la calle, esto no significa que hayan tenido la oportunidad de encontrar soluciones para su situación… se espera un aumento significativo en el nivel de sinhogarismo”.
Una vez más, Escocia demostró la voluntad de dar un paso al frente y, a inicios de este verano, no solo extendió la prohibición de los desalojos hasta marzo de 2021, sino que el Homelessness and Rough Sleeping Action Group (Grupo de Acción para Personas en Situación de Sinhogarismo o que Duermen a la Intemperie, HARSAG) incluyó esta medida entre las 105 recomendaciones para el gobierno escocés, y este aceptó todas ellas. Margaret-Ann Brünjes, Directora Ejecutiva de Homeless Network Scotland (Red de Escocia contra el Sinhogarismo), describe la importancia de su enfoque.
“La propuesta de ampliar la extensión de la protección contra desalojos hasta 2021 que anunció el gobierno escocés está sujeta a la aprobación parlamentaria en breve. Si esta se acepta, representará un paso positivo por los mismos motivos que valieron para las medidas originales. La ampliación de la extensión daría tiempo para que los propietarios, los organismos de asesoramiento y los consejeros sobre derechos sociales trabajen junto a las personas para, de ser posible, mejorar sus situaciones actuales y reducir el riesgo de que pierdan sus casas a partir de la primavera de 2021”.
El denominador común al hablar con profesionales de toda Europa es el reconocimiento de las intervenciones que, indudablemente, salvaron — hasta la fecha — muchas vidas durante la arremetida de esta pandemia global. Sin embargo, lo que nos cuenta nuestra campaña europea es que las respuestas a la pandemia mundial de la COVID-19 fueron parches provisorios y están lejos de realmente abordar un sistema de vivienda devastado. Los gobiernos de toda Europa deben mostrar una perspectiva real y un liderazgo audaz para tomar las medidas necesarias que se requieren con tanta urgencia.
Las soluciones genuinas para el sinhogarismo en las calles no cambiaron ni siquiera con una pandemia mundial. En última instancia, si no se construyen más casas, el acceso a una vivienda permanente nunca será adecuado. Debemos trabajar con una meta en mente: brindarles a todas las personas que se encuentren en la calle una casa segura, para que puedan tener la mejor oportunidad de conservarla y para detener el círculo vicioso del sinhogarismo. Esta problemática nunca podrá resolverse si no detenemos el flujo de personas que salen de viviendas inseguras para volver a las calles.
Imagen: Juan Lemus (Arrels Fundació)
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