En los últimos años, en Barcelona, España, los costos de los alquileres o las cuotas de las hipotecas aumentaron mucho más rápido que los ingresos de la población. Esto, combinado con el creciente nivel de desempleo debido a la crisis de hipotecas (de 2007 a 2010) y, más recientemente, a la pandemia de COVID-19, aumentó la presión sobre las finanzas familiares y el riesgo de desahaucios para muchas más personas. Una escasez grave de casas sociales en la ciudad hace que las personas enfrenten una amenaza muy real de quedarse sin hogar. En junio de 2022, 650 familias estaban esperando una vivienda de emergencia, y esa cifra sigue aumentando. 

Pese a una moratoria de desahucios por la pandemia, en Barcelona se siguen produciendo 20 desalojos por día, en promedio. Cuando las moratorias actuales terminen, el 31 de diciembre de 2022, se espera que esta situación empeore. 

Diversos estudios e iniciativas de Europa, como Housing First, están de acuerdo en que ayudar a las personas a conservar la tenencia de sus propiedades y evitar los desalojos es la estrategia más importante y eficaz para acabar con el sinhogarismo. 

Desde 2015, se está implementando un servicio de mediación municipal para evitar el desalojo de personas vulnerables en Barcelona, a fin de reducir no solo los índices de sinhogarismo y sus consecuencias sociales, sino también la carga financiera que esto implica para el gobierno municipal, en cuanto a servicios de alojamiento de emergencia y actividades de acompañamiento.  

El Servicio de Intervención y Mediación ante Situaciones de Pérdida de Vivienda y/u Ocupaciones (SIPHO) se presta desde el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, y se implementa a través de su red de Oficinas de Vivienda de Distrito. Forma parte del Plan Estratégico del Derecho a la Vivienda 2016-2024 de Barcelona, que tiene como objetivo reducir la exclusión residencial a través de la ampliación del parque de vivienda social y asequible mediante la diversificación de estrategias (promoción directa de vivienda pública, colaboraciones con el sector privado y comunitario)..  

El equipo de SIPHO interviene en el 90 por ciento de los casos en los que los residentes corren un riesgo inminente de perder sus viviendas y, hasta ahora, asesoró a más de 31.000 personas. La demanda del servicio aumentó significativamente durante la pandemia de COVID-19, por lo cual SIPHO  incrementó la financiación y amplió el equipo de 19  a 43 empleadas durante el tercer trimestre de 2022. 

El proyecto en la práctica 

SIPHO se inspiró en la campaña por los derechos de vivienda “Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)”, y tiene como objetivo detener o demorar los desahucios y sumar habilidades de mediación, asistencia y coordinación a los servicios sociales y de vivienda. La prioridad es que las personas conserven sus casas o, si eso no es posible, que encuentren una alternativa conforme a los estándares internaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El servicio interviene en casos urgentes en los que se ejecutó una orden de desalojo, y los residentes corren riesgo de perder su casa en un plazo de 15 días. Si el tiempo involucrado es mayor, otro departamento del municipio se encarga del proceso de mediación. SIPHO recibe notificaciones del poder judicial sobre desalojos inminentes, o derivaciones de funcionarios de la Oficina de Vivienda, servicios sociales u otras organizaciones involucradas en el sector. 

Se recopila información sobre el caso a través de todos los recursos disponibles para establecer la composición de la unidad de convivencia (que es particularmente relevante en casos en los que hay niños involucrados), el tipo de propietario y la causa formal del desalojo (por ejemplo, falta de pago del alquiler, finalización del contrato, ocupación en precario o ejecución de la hipoteca). 

Si es posible, se lleva a cabo una entrevista y se realiza una visita al domicilio, para analizar el estado de la casa. En casos urgentes, la entrevista se realiza dentro de las primeras 48 horas. Se evalúan datos económicos acreditados, como la situación laboral y los ingresos, vínculos sociales y comunitarios, información sanitaria relevante, indicadores de vulnerabilidad y cargas familiares. Se analizan los datos y la entrevista, junto con el historial disponible del inquilino, para elaborar un plan de acción para la intervención. 

SIPHO trabaja con directrices claras: contacta al propietario y negocia con este, ya sea una persona o una empresa grande, y le presenta el caso y un plan de acción. Muchas veces se resuelven los casos a través de viviendas sociales u otros recursos de alojamiento de emergencia subsidiado. 

Si el propietario es una empresa privada (como sucede en el 52 por ciento de los casos), se propone una interrupción del desahucio, de acuerdo con lo estipulado por la legislación actual. Si corresponde, pueden revisarse las condiciones de la hipoteca a través de programas de ayudas o de alquiler social. Al ser un servicio municipal, SIPHO es un portavoz acreditado, y se ha valido de esto para elaborar acuerdos específicos con grandes tenedores, como Blackstone, el propietario privado más grande de España, para una coordinación eficaz de los casos. 

En el 48 por ciento restante de los casos, en los que los propietarios son empresas pequeñas o un particular, SIPHO intenta obtener información sobre la situación de estos y establecer un plan para negociar un aplazamiento del desahucio, ya sea mediante la dotación de ayudas para evitarlo, la posibilidad de renegociar el precio del alquiler o la posibilidad de participar en el programa Bolsa de vivienda de Barcelona. En estos casos, SIPHO intenta llegar a una situación que beneficie tanto a los propietarios como a los inquilinos, para que ambas partes puedan aprovechar ayudas específicas desarrolladas por la Municipalidad. 

Si el lanzamiento se ejecuta, SIPHO coordina el realojo urgente de la unidad de convivencia con los servicios sociales o de emergencia. Por otro lado, si el desalojo se evita, se establece un plan para que, a partir de ese momento, el residente reciba la ayuda necesaria a fin de conservar la tenencia de la propiedad. 

Además, se brinda asistencia emocional a las personas que reciben amenazas de desalojo durante todo el proceso, y el personal de SIPHO acompaña a los residentes en los intercambios con las diferentes partes involucradas en el caso. 

El enfoque principal de SIPHO está en ayudar a grupos vulnerables, como personas de más de 65 años, familias con personas a su cargo, mujeres embarazadas, personas con discapacidades, enfermedades graves o trastornos mentales, personas en situación de violencia doméstica y personas en situaciones económicas vulnerables. 

Estos criterios evidencian que es raro que SIPHO no brinde asistencia en un caso de desalojo. En 2021, el 86 por ciento de los casos en los que SIPHO intervino involucraron a personas que vivían por debajo de la línea de pobreza, y el 47 por ciento, incluía a niños. Cabe resaltar que gran parte de los hogares afectados están liderados por mujeres que cuidan solas de personas dependientes o menores. 

Financiación 

SIPHO está financiado íntegramente por el gobierno municipal de Barcelona. Desde 2015, el costo total del proyecto fue de 4.205.270 euros (4.441.550 dólares). 

Este importe incluye el costo del contrato actual, que finaliza en octubre de 2022. Actualmente, hay una licitación en curso que prevé una ampliación del contrato por dos años más, con la opción de repetir dicha ampliación una vez que se cumpla el plazo de la primera, por el mismo importe.  

Se prevé que el costo de la próxima etapa del programa ronde los 10 millones de euros (10.560.000 dólares) más impuestos. Esto incluye capital humano, suministros (por ejemplo, servicios de transporte para quienes enfrentan desalojos) y costos de oficina. 

El programa moviliza una variedad de subsidios y ayudas. Estos servicios se financian a través del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, donde la autoridad municipal cubre el 40 por ciento de los costos y la Generalitat de Catalunya, el 60 por ciento restante. 

El crecimiento de SIPHO durante los últimos siete años refleja el aumento de la pobreza entre los residentes de Barcelona. En cada intervención, el personal ofrece ayuda financiera en forma de subsidios para colaborar con el pago de la deuda y del alquiler —en el caso de residentes que recuperaron su capacidad de pago pero adquirieron deudas en el ínterin—, asistencia social —en el caso de residentes que perdieron sus fuentes de ingresos—, y servicios de mediación y ayuda legal para que las personas puedan acceder a viviendas públicas, pensiones, viviendas tuteladas, viviendas para víctimas de violencia doméstica e inserción laboral. 

Para los propietarios, existen ayudas de la cartera de vivienda asequible (un programa que garantiza que las viviendas vacías puedan ofrecerse públicamente a precios asequibles), a fin de compensar la pérdida de ingresos cuando se negocia un contrato social nuevo. 

Impacto social  

La prevención del sinhogarismo no solo evita situaciones traumáticas a las personas que corren riesgo de perder sus casas, sino que también ahorra dinero a las arcas públicas, ya que la intervención de servicios sociales tras los desalojos tiene un costo mucho mayor en términos económicos. 

En estos primeros siete años, SIPHO ha brindado atención a más de 31.000 personas, de las que un tercio son menores de edad. También participa en un 90 por ciento de los procesos de desahucio en toda la ciudad, y detiene nueve de cada diez de estos. Desde su creación, se observó una disminución de un 22 por ciento en los casos de desalojo en Barcelona. 

Una característica clave del servicio es su enfoque personalizado. La implementación de SIPHO a través de la red de Oficinas de Vivienda facilita un trabajo más cercano con los grupos vulnerables afectados por la amenaza de desalojo y destierra la práctica de considerar a las personas como números y estadísticas. 

En los casos que involucran a migrantes indocumentados, existen limitaciones con respecto a las ayudas que pueden utilizarse. No obstante, se brinda la mayor asistencia posible a estos grupos, y se les ofrecen otros servicios de mediación y ayudas de emergencia, cuando corresponde. 

Transferibilidad y expansión 

SIPHO está creciendo rápidamente y duplicó su personal en  octubre de 2022. Este crecimiento trae aparejada una nueva estructura, que incluye la incorporación de funciones para servicios sociales, como la gestión de asistencia con alojamientos de emergencia, a fin de ofrecer una ayuda más integral y especializada. 

En el futuro, SIPHO seguirá consolidándose y mejorando el servicio que ofrece, ampliará su trabajo colaborativo con otros servicios sociales y desarrollará nuevas estrategias para que las personas vulnerables puedan permanecer en sus casas. 

La transferencia es una de las principales prioridades del programa, y se prevé que un estudio analice los ahorros que este tipo de intervenciones representan para las arcas públicas, a fin de alentar la replicación del servicio en otros lugares. 

Es poco común que las administraciones locales tengan un enfoque tan proactivo para la prevención del sinhogarismo, ya que, en general, el tema se aborda desde el ámbito de los servicios sociales o a través de organizaciones que brindan asistencia a personas sin hogar una vez que ya perdieron sus casas. 

SIPHO destaca la importancia del rol que pueden tener los gobiernos locales y regionales en la protección del derecho a la vivienda y la prevención del sinhogarismo, a través de servicios de mediación entre las partes involucradas. La coordinación e integración de servicios y subsidios, así como el enfoque humano del programa, están demostrando su eficacia para los residentes, que, en lugar de enfrentar procesos burocráticos confusos, ahora acceden a servicios útiles y amigables que les brindan apoyo en el momento que más lo necesitan.