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Housing Monitor: control y defensa del derecho a la vivienda para comunidades vulnerables

Oro 2021 | Líbano

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La política de vivienda del Líbano otorga muy poca protección a los inquilinos, y más de la mitad de la población de Beirut carece de seguridad en la situación de sus viviendas. El colapso económico del Líbano y la explosión de Beirut exacerbaron la crisis de vivienda y empujaron a los inquilinos de bajos ingresos a condiciones de vida muy malas, aumentos de los alquileres y desalojos ilegales.

Housing Monitor es un proyecto para promover el derecho a la vivienda en Beirut, que dirige Public Works Studio. Ofrece una base de datos segura para que las personas denuncien violaciones del derecho a la vivienda, y da respuesta a las necesidades de vivienda de la gente, mediante el acceso a servicios legales y sociales. De esta manera, genera conciencia entre los grupos vulnerables, en particular, las personas refugiadas y los trabajadores domésticos migrantes, que tienen una representación legal limitada o saben muy poco sobre sus derechos.

El proyecto recibió 603 denuncias de injusticias con relación a la vivienda, de las cuales, 472 casos se respondieron con intervenciones dirigidas. Hasta ahora, se evitó el desalojo de 92 familias y se negoció una mayor seguridad para las viviendas de cientos de personas.

El desarrollo de Housing Monitor se financió con 33.500 dólares de Relief Centre, una organización que reúne a instituciones y conocimientos del Líbano y el Reino Unido, para desarrollar vías sostenibles para mejorar la calidad de vida de las personas del Líbano.

Housing Monitor promueve iniciativas locales de defensa de la sociedad civil para exigir una reforma a la política de vivienda. Housing Monitor es el primer proyecto con estas características en la región de Medio Oriente y norte de África, y les está dando voz a las comunidades vulnerables para que exijan su derecho básico a la vivienda y luchen por una sociedad más equitativa.

Detalles Completos

La injusticia en el sector de vivienda es un problema cada vez más grave en el Líbano, donde las políticas del gobierno ofrecen muy pocos recursos de protección a los residentes en situación de vulnerabilidad. Los derechos de tenencia deficientes hacen que los inquilinos queden expuestos a todo tipo de violaciones, como desalojos y aumentos de alquiler ilegales, y vivan con un temor constante por la seguridad de sus viviendas.

La ausencia de políticas de tierra y vivienda adecuadas promueve la especulación inmobiliaria, las demoliciones frecuentes de edificios, la negligencia en el mantenimiento de las casas, y altos índices de viviendas desocupadas y edificios abandonados. La falta de políticas de vivienda asequible y la ausencia de normativas para la provisión de viviendas adecuadas propician un tejido urbano en ruinas y una informalidad cada vez más generalizada. De esta manera, los residentes deben someterse a condiciones terribles y servicios deficientes. A una cantidad considerable de ciudadanos libaneses, refugiados y trabajadores inmigrantes, no les queda más alternativa que vivir en estas condiciones deplorables.

La crisis de vivienda del Líbano se exacerbó con el colapso económico del país, la inflación, la pandemia de COVID-19 y la explosión de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que provocó el desplazamiento de 300.000 personas y una destrucción generalizada (causó daños a edificios a 20 kilómetros de distancia). Tras el estallido, las amenazas de desalojo han aumentado, ya que los propietarios de las zonas afectadas usaron fondos de organizaciones no gubernamentales (ONG) para la reconstrucción, reparación o reforma de sus propiedades, lo que ocasionó aumentos en los alquileres y desalojos de los inquilinos previos a la explosión.

El registro deficiente de las violaciones del derecho a la vivienda, debido a la falta de control y denuncias, ha favorecido las malas prácticas —tanto por parte de los propietarios como de empresas privadas de vivienda— y el desalojo de muchas personas. Al no haber suficientes vías de reclamo para exigir sanciones a las personas responsables y el cumplimiento del derecho a una vivienda social justa, los residentes han recurrido a manifestaciones en la vía pública.

Con el objetivo de generar conciencia con respecto a las violaciones de los derechos a la vivienda, y de luchar por un cambio, Public Works Studio, una empresa multidisciplinaria de diseño e investigación, desarrolló Housing Monitor (HM). Esta herramienta virtual, así como la línea de atención telefónica, funcionan, principalmente, en Beirut y alrededores, y los residentes las usan para denunciar vulnerabilidades relacionadas con la vivienda y amenazas de desalojo. Public Works Studio, a su vez, ofrece servicios legales y sociales, moviliza a los inquilinos para que hagan reclamos colectivos, e identifica las tendencias en las injusticias de vivienda, para, luego, poder luchar por una reforma de las políticas.

El proyecto en la práctica

Public Works Studio es una sociedad civil no comercial centrada en la investigación que se fundó en 2012, con la convicción de que los arquitectos, diseñadores y planificadores urbanos deben reconocer las dimensiones políticas y sociales de su trabajo, y actuar en función de estas. La sociedad tiene sede en Beirut, pero desarrolla proyectos en más de 15 lugares del Líbano.

Con Housing Monitor, Public Works Studio ofrece una herramienta a los habitantes de bajos ingresos que viven marginados en las ciudades, para que puedan reaccionar ante situaciones de discriminación e injusticia relacionadas con la vivienda, en un país en el que la falta de información da lugar a prácticas de corrupción constantes, una planificación deficiente y la marginalización de grupos vulnerables. En la plataforma de HM, hay diez clasificaciones diferentes para las denuncias, además de un canal específico de denuncias de emergencia para los habitantes de la ciudad de Beirut afectados por la explosión.

Desde enero de 2020, HM ha recibido y evaluado 603 denuncias de violación del derecho a la vivienda y amenazas de desalojo, de las cuales 472 se respondieron con intervenciones directas del servicio. Esto incluye 184 consultas y asesoramientos legales (104 de estos para trabajadores domésticos migrantes); 150 visitas de campo, en las que se realizaron controles, y negociaciones entre propietarios y migrantes; el impedimento de 92 desalojos (hay otros casos con procesos en curso); y la derivación satisfactoria de cinco familias para servicios de renovación y de 131 familias para servicios de asistencia social.

Public Works Studio ha generado conciencia a través de los medios de comunicación, con la publicación de nueve artículos y videos sobre las historias de algunos inquilinos. También publicó tres comunicados legales, y varios informes basados en las denuncias, uno sobre la denuncia de 150 personas morosas, otro basado en una muestra de 145 violaciones del derecho a la vivienda sufridas por migrantes, y uno centrado en historias de mujeres, que son especialmente vulnerables a las irregularidades en el sector de vivienda. Recientemente, lanzó una campaña cero desalojos, que se centra en brindar asesoramiento legal y estratégico para la defensa del derecho a la vivienda a las personas que residen en los barrios afectados por la explosión de Beirut.

Housing Monitor facilita la movilización de inquilinos y organizaciones de miembros de la comunidad en función de las vulnerabilidades e intereses que tienen en común con relación a la vivienda. Las asociaciones, coaliciones y colaboraciones entre residentes y organizaciones, como Legal Agenda, Anti-Racism Movement y la Unión Libanesa para Personas con Discapacidades Físicas, establecen canales para que las personas puedan exigir el cumplimiento de su derecho a la vivienda.

El proyecto apoyó la conformación de la Asociación de Residentes de Barrios Afectados por la Explosión del 4 de Agosto. Public Works Studio también elaboró guías turísticas de seis barrios y capacitó a residentes de cada uno de ellos para que puedan ofrecer recorridos turísticos en sus vecindarios, en los que se hace hincapié en las luchas históricas por la vivienda, la gentrificación y los desplazamientos.

Se publicaron más de 20 documentos de defensa de la sociedad civil, que se disponibilizaron abiertamente o se utilizaron para que más de 12 entidades organicen protestas. Junto a otros 14 miembros de la Coalición Nacional por la Vivienda, Public Works Studio participó en iniciativas de defensa civil: conformaron el comité de defensa de los derechos de los inquilinos del Líbano. Estos miembros son:

Anti-Racism Movement (ARM, Movimiento Antirracista);
Lihaqqi, Mihaniyeen wa Mihaniyat Handassa (Asociación de Profesionales de la Arquitectura y la Ingeniería);
Beirut Madinati;
Beirut Urban Lab (Laboratorio Urbano de Beirut);
Tayar Madani;
Unión Libanesa de Personas con Discapacidades Físicas;
La Organización de Jóvenes por el Cambio;
Kafeh;
Iniciativa Lil Madina en Saida;
Red Mada;
Diversos clubes de universidades;
Marsad Shaabi (contra la corrupción); y
Campaña Taht El Saqef (Bajo un Techo) en Trípoli.

Esto provocó un llamado de ONU-Hábitat a otras ONG internacionales para que controlen los desalojos en el Líbano.

Housing Monitor ofrece una base de datos segura para que las personas denuncien violaciones del derecho a la vivienda, y da respuesta a las necesidades de vivienda de la gente, mediante el acceso a servicios legales y sociales. De esta manera, genera conciencia entre los grupos vulnerables, en particular, las personas refugiadas y los trabajadores domésticos migrantes, que tienen una representación legal limitada o saben muy poco sobre sus derechos.

Entre octubre de 2020 y mayo de 2021, se registraron denuncias de personas de 15 países diferentes. La mayoría de ellas eran de Etiopía (84), seguidas de cerca por Siria (45) y Sudán (23). Solo entre enero y mayo de 2021, 36 de las personas a las que se brindó apoyo fueron madres solteras, todas de comunidades de migrantes y refugiados, mientras que otras 142, tenían menos de 18 años. Las denuncias de inquilinos libaneses durante este período solo representan menos de uno de cada diez del total de casos evaluados (nueve por ciento), mientras que el resto de las denuncias (91 por ciento) fueron hechas por comunidades no libanesas.

Financiación

Public Works Studio ofrece la contratación de servicios de profesionales de diseño gráfico, arquitectura, consultoría, planificación de desarrollo e investigación. De esta manera, la organización no depende de financiación mediante subsidios para operar. Sin embargo, el proyecto de Housing Monitor también se financió con subsidios. El desarrollo directo del proyecto, incluida la estructura operativa, se financió con 33.500 dólares de Relief Centre, una organización que reúne instituciones y conocimientos del Líbano y el Reino Unido, para desarrollar vías sostenibles para mejorar la calidad de vida de las personas del Líbano.

Housing Monitor requiere 80.000 dólares por año para sostener las operaciones de control, los trabajos de campo y las elaboraciones de informes. De este total, 50.000 dólares por año se destinan a la gestión de datos, el trabajo social, las visitas a los lugares afectados, los operadores de la línea de atención, y las reseñas legales y del proyecto, mientras que 15.000 dólares se utilizan para el desarrollo de análisis de datos, e informes legales y políticos, y los otros 15.000 dólares, para tareas de comunicación.

Tras la pandemia de COVID-19 y la explosión de Beirut, las operaciones del conjunto han recibido una financiación conjunta de la Fundación Ford (30.000 dólares), Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) (27.750 dólares) y Medico International (25.050 dólares). Esta financiación permitió que el proyecto se sostuviera durante 2021. Public Works Studio está desarrollando una estrategia de recaudación de fondos para atraer más donantes, y prefieren trabajar con varios patrocinadores que otorguen subsidios pequeños, en lugar de depender de una única organización. En 2022, el proyecto se sostendrá con la financiación continua de Medico International, Fondation de France y Legal Agenda.

Impacto

Housing Monitor está buscando soluciones para la desigualdad social en Beirut. Para esto, intentan desviar el poder de los desarrolladores y los propietarios hacia las manos de los inquilinos, a quienes se suele ignorar o son víctimas de marginalidad y abuso. Al ofrecer servicios de asistencia en el sector de vivienda a los grupos vulnerables, el proyecto ayuda a construir una igualdad social en torno al derecho a la vivienda.

Las intervenciones del servicio del proyecto han evitado el desalojo de 92 familias, y lograron una mayor seguridad en la vivienda para cientos de beneficiarios, en especial personas refugiadas y migrantes. Las intervenciones mediáticas y los programas de capacitación siguen generando conciencia sobre el derecho a la vivienda urbana en Beirut.

Después de la explosión en el puerto, Public Works Studio detectó la exclusión de las voces de los residentes en el proceso de reconstrucción. Esto condujo a la formación de la Asociación de Residentes de Barrios Afectados por la Explosión del 4 de Agosto, que incluye nueve comités que representan a siete barrios diferentes y a dos grupos minoritarios (refugiados y migrantes).

Public Works Studio aboga por una reforma en la política de vivienda como miembro de la Coalición Nacional por la Vivienda, y mediante reuniones regulares con la Corporación Pública para la Vivienda, el único organismo oficial dentro del Ministerio de Asuntos Sociales, que tiene la función de proponer e implementar proyectos y programas de vivienda.

Las problemáticas medioambientales se integran a las iniciativas de defensa social del derecho a la vivienda de la asociación, particularmente, a través de su competencia, Think Housing, que hizo una convocatoria a propuestas que combinaran soluciones de viviendas asequibles con prácticas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Los ganadores se publicaron en un informe de investigación, con un enlace directo desde el sitio web de Housing Monitor. Public Works Studio también lucha contra las políticas excluyentes que restringen el acceso a espacios comunes y las prácticas de planificación que generan viviendas de mala calidad y empeoran la salud de los residentes.

Transferibilidad y expansión

El año próximo, Public Works Studio pretende ampliar sus asociaciones, a fin de recopilar datos de otros pueblos y ciudades del Líbano. La sociedad ya está recibiendo los informes iniciales de Housing Monitor sobre Saida y Baalbak, así como sobre Trípoli, donde prevé expandirse de manera más considerable, junto a uno de los miembros de la Coalición Nacional por la Vivienda.

En el ámbito internacional, en Public Works Studio creen que el potencial para replicar el proyecto de Housing Monitor en la región de Medio Oriente y norte de África (MENA) es considerable, ya que cada vez hay más activistas luchando por ciudades más inclusivas, justas y sostenibles. En particular, 10Tooba, que trabaja con comunidades marginales de Egipto, y una organización de Marruecos, expresaron a Public Works Studio un interés directo en la adopción de la herramienta. No obstante, debido a las fuertes restricciones sobre las ONG y los activistas del sector de vivienda en países como Egipto, Housing Monitor debería someterse a adaptaciones importantes.

Housing Monitor es el primer proyecto con estas características en el Líbano, y está brindando recursos a los inquilinos para que reivindiquen su derecho a la vivienda mediante informes directos y populares. El enfoque centrado en la comunidad genera conciencia local sobre temas legales y hace que esta se movilice para luchar en pos de una sociedad más equitativa, a través de una reforma en la política de vivienda. El abordaje innovador y multidisciplinario del proyecto le permite desarrollar soluciones de vivienda y evitar desalojos, para aliviar el sufrimiento de algunos de los grupos más marginados de la región de MENA.

Historias de Residentes

Abboud volvió del exterior en 2003 para cuidar a su madre, que estaba enferma. Se mudó a su casa, una habitación modesta en la planta baja de un edificio de cinco pisos en Geitaoui, que, inicialmente, había alquilado, en 1967, el hermano de Abboud, fallecido en 1973.

Cuando su madre murió, en 2008, al no tener otro lugar donde ir, Abboud se quedó en la misma casa y siguió pagando el alquiler. Sin embargo, las intenciones del propietario eran otras: quería recuperar la vivienda.

El dueño de la propiedad intentó sobornar a Abboud para que se mudara a otro lado. Cuando este se negó, le envió dos demandas consecutivas, pero las perdió. Como último recurso, el propietario dejó de aceptar los pagos del alquiler, pero Abboud se los siguió enviando a través de un escribano.

Finalmente, el propietario falleció en 2018, y le dejó el edificio a su hijo, que contrató una empresa de administración inmobiliaria para que se encargara de la propiedad. La empresa utilizó sus recursos y sus contactos para obtener una orden de desalojo contra Abboud.

Efectivamente, un tiempo después, se emitió una orden judicial irrevocable para desalojar a Abboud, que, en ese momento, ya era un hombre mayor, de más de setenta años, sin ningún tipo de recurso, y con riesgo de quedarse en la calle. Todo esto, en un contexto en el que la política nacional de vivienda que prioriza el derecho a una vivienda asequible es inexistente, al igual que el sistema de protección social que se encarga de las necesidades de vivienda de las personas ancianas.

Cuando el agente judicial intentó entregarle la orden de desalojo a Abboud, este se negó a recibirla y dijo que nunca se iría de su casa: “Esta es mi casa, y solo saldré de aquí en un ataúd”.

El agente redactó una nota en la que decía que “debido al brote de coronavirus, la crisis económica y financiera, y el hecho de que el defendido no tenía otra alternativa de vivienda, se negaba a ser desalojado”, y le pidió al Mukhtar (líder vecinal) que la firmara.

Dos meses más tarde, otro agente se presentó en la puerta de Abboud, para ejecutar la orden de desalojo por la fuerza. La situación se tornó caótica, y Abboud, desesperado, amenazó con inmolarse. Los vecinos trataron de intervenir y, a través de los coordinadores vecinales que trabajan con Public Works Studio, la situación de Abboud se notificó a Housing Monitor.

El abogado de Housing Monitor se enfrentó al agente judicial y lo amenazó con traer a los medios para que mostraran cómo quieren echar a la calle a un anciano indefenso. El agente hizo un alto al fuego y aceptó otorgarle a Abboud una extensión de un mes para su orden de desalojo.

Durante los meses posteriores, trabajadores sociales de Public Work Studio hicieron un seguimiento regular de la situación de Abboud. Su abogado lo ayudó a solicitar dos extensiones más de un mes, hasta que, un tiempo después, gracias a las redes de la comunidad y la ayuda de algunas ONG, Abboud pudo encontrar una casa nueva, y conseguir el dinero para varios meses de alquiler.

Hoy, Abboud está reformando y amueblando su casa nueva. El abogado se está encargando de que el pedido de desalojo no se implemente antes de que su nuevo hogar esté listo.

El caso de Abboud es solo uno de los tantos que evidencian la ausencia del estado para generar políticas de mejora que protejan a las personas ancianas y otros grupos sociales vulnerables del riesgo de sinhogarismo. De hecho, debido a la ausencia de programas de vivienda social y de servicios eficaces del seguro social, en el Líbano, los ancianos suelen depender de familiares o redes de vecinos, o recurrir a organizaciones de beneficencia, que en general están afiliadas a instituciones religiosas, para que los protejan.

El hijo de Wa’ed desapareció poco tiempo después de la explosión en el puerto de Beirut. Ella temió lo peor. Estaba embarazada. Unas horas más tarde, lo encontraron en estado de shock, escondido entre dos muros, no muy lejos de su casa, en el barrio de Karantina, una región junto al puerto que está abandonada hace muchos años, reservada para desarrollos inmobiliarios.

Poco tiempo después, Wa’ed perdió el embarazo. Su marido, que trabaja en el mercado de pescado, en el puerto, estaba teniendo ataques de epilepsia con mayor frecuencia. Sus tres niños pequeños no estaban asistiendo a las actividades que solía realizar la ONG del barrio.

La explosión provocó daños en su apartamento, al igual que en todos los demás de la región. Este era relativamente espacioso, y se encontraba en el primero de los cuatro pisos que conformaban el edificio. Lo compartían con su cuñado. A falta de respuestas por parte del estado o de iniciativas coordinadas de emergencia para una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia, algunas ONG internacionales —cada una de ellas con sus propias intenciones— acudieron rápidamente con propuestas de reformas, reparaciones y ayuda para los barrios más cercanos al puerto. Al tener una mayoría de residentes de bajos ingresos de diversas nacionalidades, con un alto porcentaje de refugiados sirios, Karantina atrajo gran parte de la ayuda proveniente de ONG.

La familia de Wa’ed tenía una buena relación con el hermano del propietario de su apartamento, que también era dueño de otras unidades del edificio. De hecho, antes de la explosión, nunca habían conocido en persona al propietario. Pero, de repente, este apareció con un pedido explícito: desalojen de inmediato.

Wa’ed y su familia habían vivido en el mismo apartamento durante los últimos 14 años. No podía entender cómo el propietario, que no había padecido el trauma de la explosión y todas sus repercusiones, tenía el descaro de causarles, a ella y a su familia, todavía más dolor y violencia.

Resistió la amenaza de desalojo con todas sus fuerzas y se contactó con Housing Monitor para pedir ayuda.

Varias ONG estaban haciendo reformas en su apartamento, y el propietario quiso aprovechar esta oportunidad para mejorar el estado de la vivienda. Wa’ed negoció con él que ella y su familia usarían una habitación del apartamento, para no interrumpir las obras, y se ofreció a ayudar con todo lo que pudiera. El propietario insistió en que la familia se fuera ese mismo día y amenazó con deshacerse de todas sus pertenencias.

Trabajadores sociales de Public Works Studio, junto con un camarógrafo de Megaphone, fueron a la casa de Wa’ed para detener el desalojo.

Mientras tanto, un abogado del Equipo Jurídico de Derecho a la Vivienda de Housing Monitor intentaba disuadir al propietario de usar medios violentos, haciendo hincapié en la ilegalidad del desalojo.

“La presencia de personas de Housing Monitor que me apoyaban me dio la fortaleza y la confianza para combatir este desalojo despiadado”, dice Wa’ed.

Ese día, el desalojo se detuvo, pero el propietario le dio un preaviso de un mes a Wa’ed y la amenazó con desalojarla por la fuerza, valiéndose de la poderosa red de contactos de su familia.

Wa’ed seguía estando determinada a combatir esa amenaza ilegal de desalojo, no obstante, su marido y sus hermanos temían por la seguridad de sus empleos y les parecía que su condición de refugiados sirios en el Líbano los privaba de las redes de seguridad necesarias para sostener ese reclamo, muy justificado, con un poderoso propietario libanés.

Wa’ed y los suyos fueron una de las primeras familias sirias en ser desalojadas del barrio de Karantina. Ahora viven en un apartamento de una habitación, que aún presenta las secuelas de la explosión, y pagan un alquiler más alto. No pudieron encontrar otra alternativa en Karantina, así que alquilaron en un barrio cercano, para que el padre estuviera cerca del trabajo. Pero, los niños ya no pueden participar en las actividades que tanto disfrutaban en su vecindario anterior.

“Tengo muchos amigos en Karantina que están siendo desalojados. Les di el número de Housing Monitor, con la esperanza de que puedan recibir ayuda para resistir más tiempo”, dice Wa’ed.